Relato de una víctima del atentado terrorista de Hipercor
José Vargas
Perpetrado por el primer comando Barcelona el viernes 19 de junio de 1987, sobre las 16:08 horas. Resultado: según la sentencia de octubre de 1989, 21 asesinados (20 clientes y un trabajador) y 45 heridos (44 clientes y un trabajador). Autores: Domingo Troitiño Arranz y Mercedes Ernaga Esnoz (condenados en sentencia de octubre de 1989). Santiago Arróspide Sarasola y Rafael Caride Simón (condenados en sentencia de julio de 2003).
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Tras producirse el atentado se organizaron diversas manifestaciones de protesta, siendo la de Barcelona la más numerosa con diferencia de todas las realizadas. Todos los partidos políticos se unieron en una protesta sin precedentes, manifestando una unidad que con el paso de los años se ha visto mermada por la utilización partidista que ciertos sectores políticos hacen de algunas víctimas y de determinados atentados muy en particular.
Desde junio hasta diciembre de 1987 cada una de las familias de las víctimas asesinadas y los heridos junto a sus familiares vivieron su desolación en plena soledad. Ninguno, absolutamente ninguno de los miembros de la clase política o incluso del clero dieron muestras de interés por conocer la situación que cada víctima estaba sufriendo. En esos meses solo algunas víctimas que se conocían por ser vecinas habían mantenido cierto contacto personal.
Cabe recordar y agradecer que en aquellos tristes días hubo al menos dos o tres personas que intentaron aglutinar a los afectados, recabando una representatividad del colectivo que al menos sirvió para reclamar mejor asistencia y, sobre todo, mejor organización médica y administrativa. Esa labor fue útil, en un primer momento, para que alguien hablara en nombre de las víctimas, dando a conocer la realidad que muchas estábamos viviendo en el interior de la Unidades de Vigilancia Intensiva o, desgraciadamente, en la soledad de un hogar sin un ser querido.
Aquella administración que tanto había prometido 174 días antes, dejaba al grupo de víctimas más graves totalmente abandonadas, en el sentido de que, a partir de ese momento, si las lesiones se agravaban, cada víctima debía procurar su mejoría por sus propios medios. Hay dos ejemplos que resumen lo que no debería ser el trato que las víctimas merecen, pero que continúa incluso a día de hoy. Aparte de los telegramas de condolencia y “ánimo” a los familiares de las víctimas mortales, nada más. Asimismo, ¿no merecían también un telegrama de ánimo los heridos y sus familias? Y lo más incongruente de la historia: pese a que los medios de comunicación ya habían informado de la detención de dos de los autores el día 5 de septiembre, la comunicación escrita de tal noticia nos llegó a las víctimas dos semanas después. Además, las víctimas de lo que se denominó “el peor atentado en la historia de ETA” teníamos que buscar las soluciones por nuestra cuenta, ante el absoluto abandono administrativo.
Nadie planteó, desde las instancias médicas, un seguimiento continuado tanto de las heridas físicas como de las psicológicas. A nadie se nos informó de nuestros derechos jurídicos, planteando las posibilidades que las víctimas podíamos tener para el ejercicio de acciones contra los autores del atentado. La única cuestión jurídica que se tramitó fueron las indemnizaciones por el asesinato de un familiar, siendo un trámite para el que la mayoría tuvo que moverse sin poseer el más mínimo conocimiento jurídico. En el caso de los heridos, al depender de valoraciones forenses, la cuestión fue todavía peor. Las secuelas o los agravamientos de las lesiones posteriores al día de la valoración forense de diciembre de 1987 debían ser reclamadas por vía judicial.
Sin el mínimo atisbo de colaboración administrativa, hay que reconocer un solo hecho positivo: la inestimable labor desarrollada por una funcionaria del Gobierno Civil que, trabajando fuera de su horario laboral, mostró un interés humano hacia muchas de las víctimas que siempre le hemos agradecido. Solo esa persona mostró un interés personal hacia nosotras, siendo el único apoyo que merece la pena recordar de toda nuestra travesía del desierto.
En octubre de 1989 empezaron a cambiar las cosas. Algún medio de comunicación informó sobre un juicio que se iba a celebrar en la Audiencia Nacional por un atentado cometido en Barcelona en abril de 1987, justo el atentado anterior al de Hipercor. A continuación, por lógica, debía celebrarse el juicio por nuestro atentado. Tras muchas llamadas y mucha investigación, conseguimos saber que el juicio sería la segunda semana de octubre. Tres víctimas del mismo atentado, que no nos conocíamos en absoluto con anterioridad, nos disponíamos a entrar en un juicio contra los asesinos de nuestros familiares o los causantes de nuestras heridas, sin haber sido informados por ninguna administración ni teniendo contacto con nadie que nos hubiera podido preparar ante aquello a lo que nos íbamos a enfrentar. Hay que recordar que el juicio fue rápido. En tan solo dos días se terminó todo, incluyendo las valoraciones de las secuelas y las heridas físicas. Esa experiencia nos sirvió tiempo después para ayudar a muchas otras víctimas del terrorismo para superar aquellos difíciles momentos. La sentencia no tardó demasiado en ser pública. Se condenaba a Troitiño y a Ernaga a 794 años de prisión, condena que, añadida a las de atentados anteriores, sumaba más de mil años de cárcel. Cabe recordar que a las víctimas no se nos aportó ni una sola copia de la mencionada sentencia, pese a que era de suponer que nuestros datos estaban en poder de la administración de justicia.
Llegó un día en que entendimos algo muy importante y que sería muy necesario años después. Las leyes son insensibles. Los plazos para presentar la documentación y ejercer las acciones jurídicas correspondientes tienen un tiempo de vencimiento. Si ese plazo vence, aunque nadie se preocupe de informarte de ello, pierdes todos tus derechos. Teníamos que seguir buscando a más víctimas, no ya del atentado de Hipercor sino de otros atentados. Pudimos localizar a víctimas tras una tarea detectivesca que, de haber contado con la colaboración de las administraciones envueltas en todo lo ocurrido, nos habría ahorrado multitud de tiempo, de problemas y, no lo olvidemos, de recursos económicos personales. Aprendimos artículos, reglamentos, legislaciones, jurisprudencia y una larga relación de documentación oficial que pocos meses antes desconocíamos que existiera. Fueron unos primeros meses de 1990 muy complicados, añadidos a la aparición de otras víctimas que iban surgiendo a causa de nuestro esfuerzo.
Algún día, cuando todo esto ya sea solo una triste historia en un triste recuerdo, dedicaremos un tiempo a calcular todos los gastos a los que hicimos frente tres amigos que nos conocimos en la puerta de la Audiencia Nacional un octubre de 1989.
En tantos años de búsqueda de víctimas en toda Cataluña, se pudo localizar a numerosas víctimas del atentado contra Hipercor, que residían en Cataluña o que incluso habían fijado con el tiempo su residencia en otros puntos de España.
Hacia el año 2000 fueron extraditados a España otros dos terroristas responsables del atentado contra Hipercor: Rafael Caride Simón y Santiago Arróspide Sarasola. Estos dos no habían sido procesados en el primer juicio de octubre de 1989, por lo que debía realizarse otra vista contra ellos. Se celebró a finales de junio de 2003.
Un poco antes de esa fecha y debido a los problemas de comunicación que las victimas en Cataluña teníamos con la nueva dirección de la AVT, decidimos crear la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT). Esta asociación tiene tres fundadores principales: el abogado José Mª Fuster-Fabra, la víctima (trabajador de Hipercor) Roberto Manrique y yo, cliente de los almacenes. Presentamos los estatutos en la Conselleria de Justicia de la Generalitat de Catalunya y una vez aprobados hicimos una presentación pública en el Colegio de Abogados de Barcelona el 26 de junio de 2003.
De izquierda a derecha, Fernando Altuna, Jon Juaristi, José Vargas, Elena Faba y Teresa Freixes
Es necesario destacar que la debilidad de la banda ETA no es fruto de la casualidad, sino de la actuación del Estado de Derecho en la lucha antiterrorista y de los distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. También me gustaría reiterar nuestra posición en el sentido de que las asociaciones de víctimas no debemos prestarnos de ninguna forma a interferir en la actuación del Gobierno.
El derecho de las víctimas a la justicia implica que los asesinos y causantes de tanto dolor y sufrimiento cumplan las penas que legalmente nuestro Estado de Derecho y nuestra justicia les impongan. Las víctimas tenemos que saber que tendremos voz en ese final, pero las decisiones las tendrían que tomar nuestros legítimos representantes. Las víctimas del terrorismo hemos ejercido una función fundamental en el no ejercicio de la venganza, sino en la confianza en el Estado de Derecho y en la justicia. Es exigible el consenso entre todos los partidos, advirtiendo que el final del terrorismo de ETA no puede superar una serie de líneas marcadas en relación con el respeto al Estado de Derecho y a la dignidad de las propias víctimas. Las víctimas tenemos toda la legitimidad para oponernos a aquellas actuaciones políticas que sobrepasen las líneas marcadas. Para que estas líneas adquieran legitimidad tienen que estar consensuadas dentro del mundo de las propias víctimas, porque no tendría ningún sentido exigir consensos a los partidos políticos y no tenerlo en el seno de las propias víctimas.
El final de ETA no puede tener ningún precio político, por lo que se descarta cualquier negociación política con los terroristas. Todas las acciones que se lleven a efecto en ese final tienen que tener cabida en nuestro Estado de Derecho. En cuanto al destino de los terroristas, nuestro ordenamiento jurídico deberá ser aplicado conforme a lo que las leyes prevén y dichas propuestas tienen que ser individualizadas. No serían aceptables soluciones colectivas para el colectivo de presos etarras. Tienen que estar presididas por lo previsto en nuestro Estado de Derecho: la Constitución de 1978, la Ley General Penitenciaria, el Código Penal y el Reglamento Penitenciario. Igualmente, es necesario establecer un cauce de información sobre la situación procesal de los delitos terroristas.
No sabemos si el perdón es posible. Seguramente sí. Pero lo que se debe plantear no es si perdonamos o no, sino qué tienen que hacer los presos etarras a partir de ahora para que las víctimas les perdonemos. Si apoyamos que estos delincuentes justifiquen sus crímenes bajo el paraguas de que fueron cometidos en un tiempo en que no se daban las condiciones suficientes para el desarrollo de un proceso democrático, nuestra actitud sería del todo IMPERDONABLE.
Otra cosa que me chirría es el discurso que nos quieren imponer desde la izquierda abertzale y los amigos de los asesinos. Siempre han tenido más medios y resonancia sus discursos que los de las víctimas. Queremos un relato con “vencedores y vencidos”, no queremos el relato de un supuesto “conflicto”, como el que nos quieren imponer. Aquí deberemos estar muy atentos y vigilantes, y debemos dejar muy claro que aquí solo ha habido unos asesinos que por una falsa ideología han matado y unas víctimas que han sufrido su odio, su irracionalidad y su violencia. Esto es lo que debe quedar clarísimo ante las próximas generaciones. Este relato de las víctimas y su sufrimiento se debe enseñar desde las aulas a nuestros estudiantes para que no vuelvan a surgir los fantasmas ideológicos y asesinos que ya hemos padecido.
Por ello nos parecen más adecuadas las expresiones de “reconocimiento del daño causado y su reparación” que las relacionadas con el perdón. Nosotros podemos exigir al Gobierno que detenga y encierre a los terroristas, que es lo que siempre hemos hecho y que quede claro que seguiremos haciendo.
José Vargas es presidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas. Resultó herido en el atentado contra el centro comercial Hipercor situado en la avenida Meridiana de Barcelona, cometido por ETA en junio de 1987. Fue la mayor masacre de la banda terrorista, con un saldo de 21 personas asesinadas, entre ellas cuatro menores de edad.
