La hora de la verdad

La hora de la verdad

María del Carmen Alba Figuero

Fue en aquella soleada mañana de junio del año 2010 que se escuchó el grito de las víctimas del terrorismo en la Audiencia Nacional: “¡JUSTICIA Y VERDAD!”.

Demasiados años de silencio, demasiado tiempo en la sombra, demasiado dolor invisible e invisibilizado.

Llegó la hora de gritar: “¡JUSTICIA Y VERDAD!”.

Y, así, en ese día que amaneció como uno más, empezó la cuenta atrás para el final de la oscuridad. Las causas judiciales por delito de terrorismo muertas o moribundas empezarían a ver la luz.

La iniciativa no partió de instancia superior alguna. Fue la propia víctima del terrorismo quien, con su lanza de dignidad y valentía, rompió el techo del olvido.

A partir de entonces nada volvería a ser igual. Finalizó el reinado del silencio. Llegó la hora de la verdad.

Aquel día pensé en el honor que suponía para mí haber sido testigo directo de ese encuentro histórico en el que la Fundación de Víctimas del Terrorismo, con Maite Pagazaurtundua a la cabeza, y otros representantes de Asociaciones y Fundaciones pidieron al Presidente de la Audiencia Nacional conocer el estado procesal en el que se encontraban las causas judiciales relativas a 349 víctimas mortales del terrorismo.

349 vidas rotas, en palabras de mi admirado Florencio Domínguez. 349 sacrificados por la libertad, la democracia y los derechos de todos. Ni sus familias ni la sociedad conocían cuál había sido la suerte que habían corrido dichos procedimientos. Si había o no pagado por ellos algún o algunos terroristas, si se estaban investigando aún o si acaso se habrían cerrado sin posibilidad de justicia.

Nadie, sin embargo, podía dar respuesta inmediata a tan legítima demanda, ni siquiera responderla en un tiempo razonable. No hasta haber podido identificar dichas causas judiciales con su número de registro (un cardinal seguido de una barra y el año de incoación) y haber podido, asimismo, determinar el órgano judicial que se encargó de su tramitación.

Pocos minutos después del encuentro con las víctimas, conocería que mi papel iba a ir más allá de ser un mero testigo, pues se me encomendó la tarea de identificar y localizar las causas judiciales al frente de la entonces recién creada Oficina de Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional, para hacer llegar la verdad a la víctima. No podía concebir un honor más grande.

Ese sentimiento de honor y la vocación de servicio a la víctima del terrorismo impulsaron todos y cada uno de los minutos que he dedicado a este trabajo.

La tarea era de envergadura. Las causas judiciales sólo podían identificarse con el número de registro y no contábamos con esos números. Sólo podríamos llegar a la causa haciendo una labor propia de detective, tirando de los finos hilos que podrían conducir del nombre de la víctima al Sumario a través de hemerotecas, información dispersa en juzgados, en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en Registros, en la memoria de los jueces más antiguos… cualquier pequeño dato podía ser útil.

Se trataba de identificar números para poder vincularlos a los nombres. En definitiva, hacer el camino inverso al realizado por la Administración, que había numerado datos humanos durante más de cincuenta años. Ahora había que humanizar los datos para acercar la justicia y la verdad a víctimas de violaciones de derechos humanos.

El siguiente paso, una vez identificada la causa judicial, era localizarla físicamente y digitalizarla para su conservación.

Pasados dos años y medio de duro trabajo consiguieron identificarse la totalidad de las causas relativas a las 349 víctimas (menos una que correspondía a una ciudadana francesa asesinada en Francia, y, por tanto, recaía en la jurisdicción del país vecino) y localizarse la mayoría de ellas; resultando que más de un centenar de esos procedimientos judiciales habían terminado con sentencia condenatoria para los responsables. Fue tremendamente sorprendente comprobar cómo los familiares nunca habían tenido conocimiento del estado procesal de sus causas. Sin duda, quedó de relieve que, a pesar de que la Justicia había funcionado bien en una gran parte de los casos, se había olvidado de la víctima en el proceso judicial.

Después de los trabajos de identificación, localización y digitalización a las causas judiciales de aquellas 349 víctimas, comenzaba la parte más dura. Hacer extensivo ese trabajo a los Sumarios del resto de víctimas del terrorismo. De todas, comenzando por las mortales.

El primer gran obstáculo se presentó de inmediato. No existía en la Administración Pública un registro oficial y completo de víctimas del terrorismo, todo lo más un registro de víctimas que habían percibido indemnización, ayudas o reconocimientos, aunque sin relación de datos judiciales.

Surgió así la necesidad de crear un registro judicial de víctimas del terrorismo capaz de vincular víctima con número de causa judicial, órgano judicial, terrorista o terroristas investigados o condenados, y estado procesal del procedimiento.

En 2010 partíamos de cero. En 2013 habíamos conseguido incluir al menos 348 víctimas mortales en tal registro. En mayo de 2017, después de dos refuerzos de personal en la Oficina y largas horas de búsqueda por Libros Registro, Archivos, fuentes oficiales y extraoficiales, el registro judicial comprendía 1.275 víctimas mortales asesinadas en nuestro país o nacionales asesinados fuera de nuestras fronteras que el terrorismo dejó desde el año 1960 en el que el DRIL presuntamente asesinó a la bebé Begoña Urroz, arrebatándola de los brazos de su madre, hasta el día de hoy.

De esas 1.275 víctimas mortales el registro ha sido capaz de vincular a 1.238 con su causa judicial a fecha de mayo de este año y, por tanto, la Oficina de Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional puede informar a más del 97% de las víctimas acerca del estado procesal en que se encuentra su procedimiento y orientarle sobre todas las cuestiones jurídicas relativas al mismo.

Para la elaboración de tal Registro judicial nos hubimos de retrotraer dos décadas a la creación de la Audiencia Nacional, operada por Real Decreto Ley el 4 de enero de 1977, y, en consecuencia, realizar la búsqueda de causas judiciales en Archivos Militares, por corresponder a los órganos de esta jurisdicción la investigación y enjuiciamiento de los más graves delitos de terrorismo hasta la entrada en funcionamiento de la Audiencia Nacional. No serían los únicos órganos judiciales por cuyas manos pasaron estos procedimientos: el juzgado del lugar de los hechos también tuvo su participación en el esclarecimiento de los atentados. En ocasiones cumplieron con su obligación de inhibirse a favor de los órganos competentes. En otras ocasiones hemos podido comprobar cómo esa obligación de inhibición nunca se cumplió, procediendo el órgano incompetente al archivo y cierre de las causas judiciales e incluso, en no pocos casos, en ejercicio y expresión máxima de su incompetencia, llegando a destruir la causa judicial.

Nadie que no lo haya vivido puede llegar a imaginar el nivel de emoción reverencial que se siente cuando se localiza en una caja, acaso arrinconada, acaso con olor a tiempo, a vieja burocracia, a soledad y a encierro, ese tesoro que es el procedimiento con la historia judicial de un sacrificio humano, una vida arrebatada siempre demasiado pronto, siempre injusta y criminalmente, la libertad robada del secuestrado, la salud perdida del lesionado… Uno se arrodilla interiormente, se siente indigno, toma la causa con sumo cuidado y musita “ha llegado la hora de la verdad”.

Llevar luz a la oscuridad no ha sido ni es tarea fácil teniendo en cuenta que, además, no es una labor especialmente apreciada por quienes buscan la sombra para ocultar sus culpas.

Pero es una DEUDA. Una deuda eterna que todos tenemos con la víctima del terrorismo, especialmente las Instituciones Públicas. Garantizar su derecho a la verdad y a la memoria no es un regalo ni una concesión a la víctima, es una obligación urgente e inexcusable.

Esa obligación no sólo vincula al Estado, sino a todos y cada uno de los que integramos esta sociedad. Todos nosotros, desde nuestros respectivos destinos y según nuestras posibilidades, debemos saldar la eterna deuda con las víctimas del terrorismo.

El terrorismo no fue algo que pasó sin más a espaldas de los afortunados a los que no golpeó directamente. Por el contrario, es una tragedia diaria que nos victimiza a todos y encuentra en la banalidad del mal y en el olvido de sus víctimas directas sus mejores aliados.

No lo permitamos.

Abramos aún más los Archivos, saquemos aún más la Verdad a la luz, conservemos la memoria y garanticemos la efectividad del derecho a la justicia de las víctimas del terrorismo.

Carmen Alba es licenciada en Derecho y máster en Seguridad. Ha sido coordinadora de la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional.



  1. Interesante artículo y encomiable labor. ¡Gracias!

  2. jesus Argudo Periz Says: julio 5, 2017 at 6:53 pm

    Has localizado algo sobre Jesus Argudo cano , mi padre. Murio en atentado el 2 de mayo de 1980
    Su sumario no esta en la audiencia nacional y yo he pedido en sumario a la audiencia provincial de Zaragoza donde se archivo provisionalmente el sumario en junio del 80 y no me dicen nada. Es como si estuviese perdido.

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